Gobierno Institucional fue el nuevo criterio revisado por la Comisión de Autoevaluación Institucional

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Siete aspectos fueron discutidos en la jornada que permitió identificar los tres desafíos puntuales que debe enfrentar IP Los Leones para una gestión más integral de su gobierno.

Que el ejercicio de gobierno por parte de las autoridades de la institución, quienes enuncian políticas y administran las prácticas para asegurar el logro de la misión, surja del conjunto de principios y normas que regulan el diseño, integración y funcionamiento de los órganos de mando  de la institución, es el desglose del criterio analizado el pasado miércoles 08 de agosto por la Comisión de Autoevaluación Institucional, encuentro que contó con la participación de nuestro rector, Fernando Vicencio, encargados de Vicerrectorías y Direcciones académicas e institucionales.

Este quinto criterio se revisó a partir de siete aspectos que asegurarán un óptimo ejercicio del Gobierno Institucional, de los cuales tres se consideraron como prioridad para trabajar. El primero, considera la existencia de mecanismos para declarar y resolver potenciales conflictos de interés, los que, considerando las dificultades que presentó la separación entre la propiedad y el modelo de gobierno en los anteriores Informes de Autoevaluación Institucional, se encuentran presentes en nuestra institución. Dichas dificultades se contrarrestaron con medidas concretas, que tienen que ver con consagrar al máximo nivel posible la institución y la separación entre las personas que detentan su administración patrimonial en calidad de sostenedor y controlador, considerando la actual nomenclatura legal y la gestión académica.

Otro punto que se reconoció como incipiente, es que el instituto respete, en la adopción de sus decisiones, los derechos y deberes de todos quienes se relacionan con la entidad, el cual ya ha progresado gracias a la creación de normativas legales de derecho al trabajo a las cuales se ha aferrado IP Los Leones a través de reglamentos internos que velan por el orden, higiene y seguridad de nuestra comunidad.

Asimismo, en el ámbito del personal académico, los actuales procesos de Jerarquización Académica para la contratación de docentes deben avanzar y enlazarse con la nueva normativa y sistema jurídico que va a tener la institución. Además, el ‘‘contrato’’ con nuestros estudiantes, denominado ‘‘convenio de prestación de servicios educativos’’, espera ser certificado con un sello del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) tras una mediación con el órgano fiscalizador luego del proceso de Autoevaluación Institucional en el cual nos encontramos.

Un tercer aspecto vela porque la institución demuestre, en su quehacer, un compromiso con las libertades individuales y derechos fundamentales de las personas que conforman la entidad. Aspecto que, si bien se ha considerado recientemente, ya se está manejando a través de la solicitud del Consejo de Rectoría que propulsa la creación de una Comisión conformada por los tres estamentos de la comunidad educativa: estudiante, funcionario y docente, para generar un protocolo que declare el compromiso estricto de nuestra institución con la dignidad de las personas y su libertad individual, que garantice protección, sanciones y acompañamiento.

La inmadurez de estos aspectos responde a las debilidades generales identificadas en el conversatorio: una normativa que data del inicio del IPLL que no ha sido actualizada de manera formal, la falta de mecanismos autónomos y oportunos para la toma de decisiones, además de que los cambios han sido más bien tardíos. Sin embargo, los aspectos fuertes para este criterio son mayoría.

La actual Estructura de Gobierno cuenta con roles y responsabilidades claramente establecidos, que se asocian con las decisiones tomadas por la administración de la institución. Asimismo, la generación y el nombramiento de autoridades unipersonales y colegiadas, y sus atribuciones, se corresponden con los Estatutos y Reglamentos existentes. Por otro lado, se evidencian mecanismos autónomos y oportunos para el control de gestión y rendición de cuentas de las autoridades, que velan por el cumplimiento del proyecto institucional y la capacidad de autorregulación. Y, finalmente, otro aspecto revisado positivamente es el que el instituto cuente con políticas y mecanismos para mantener documentadas las decisiones sustantivas, tanto en lo académico como en lo administrativo.

Es así, que las fortalezas que se desprendieron de la jornada contemplan las adaptaciones prácticas que en general se han adoptado por nuestra institución y que responden a su realidad, como, por ejemplo, la actualización de sus Estatutos y la futura intervención de otros reglamentos.  Además, en aristas más particulares, la Memoria Institucional de 2017 contribuye como mecanismo para la rendición de cuentas sobre el cumplimiento del proyecto institucional, y el mencionado nuevo protocolo en resguardo de las libertades y derechos de los miembros de nuestra comunidad, que será creado de forma participativa, también se consideraron como medidas que fortalecen al criterio.

Es pasado conversatorio marcó la recta final del ciclo de discusiones para la Comisión de Autoevaluación Institucional, restando solo un conversatorio más, por lo que es de esperar que próximamente toda la información recopilada se analice desde su globalidad, y se sume a los insumos generados por las otras dos instancias de diálogo propuestas para este proceso con miras a la Acreditación Institucional.

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